Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto sobre restablecimiento económico. Frente a la tesis de la Administración que consideró que el contrato de transporte escolar tenía la condición de contrato de gestión de servicio público quedaba excluido de la posibilidad de obtener la indemnización prevista en la normativa de contratación durante la Covid, cuestión de calificación de la que discrepa la Sala. La Ley de Contratos del Sector Público suprime la figura del contrato de gestión de servicios públicos, al tratarse de una figura contractual que no se recoge en las directivas comunitarias. Existe un contrato de servicio público de transporte escolar. Desde este presupuesto no habría motivo, si concurren el resto de requisitos necesarios y se acreditan los daños en la forma legalmente exigida, para excluir a la actora de la posible indemnización por la suspensión del servicio pero no resultaría de aplicación el régimen excepcional de restablecimiento del equilibrio económico previsto para los contratos de concesión durante la pandemia. La Administración actuando contra sus propios actos y sin oír al interesado sobre la cuestión, vulnerando el procedimiento legalmente establecido, modifica la solicitud formulada por la actora, acordando una ampliación del contrato que no estaba solicitada y por eso se anula.
Resumen: Resuelve esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que decidía sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, considerando que existió un funcionamiento anormal del servicio, ya que no se acredita que hubiere una infracción de la lex artis; a la que imputar el resultado dañoso invocado con motivo de la atención recibida en un centro sanitario de la órbita de la administración demandada donde fue atendida de un corte en un dedo
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Despido objetivo. Externalización de línea de distribución en Kalise. No se considera justificada ante la posibilidad de reacomodo del trabajador en la otra línea de distribución, que se mantenía. Además, en este caso, la indemnización abonada por la empresa era inferior a la debida por error no excusable, al haberse calculado un salario regulador sin proceder al descuento de los periodos de suspensión del contrato por ERTE que tuvo el trabajador en el año precedente al despido.
Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que revoca el nombramiento de funcionario interino del cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, que vino motivado por la implementación de un Programa de Emergencia Sanitaria para afrontar la COVID-19. La incapacidad del recurrente para desempeñar sus funciones hicieron desaparecer las causas de necesidad que motivaron su nombramiento. La falta de capacidad funcional del recurrente hace decaer, por si sola, las razones de urgencia que justificaron su nombramiento que, en última instancia, no eran otras que velar por la vida, integridad y salud de los internos albergados en el centro penitenciario de Las Palmas-1 que su falta de preparación profesional actualizada pone en peligro. El recurrente mostró su incapacidad para la realización de las funciones desde el mismo día de su toma de posesión, negándose a hacer guardias y turnos de tarde, y carecer de los mínimos conocimientos informáticos para la gestión de los expedientes de los enfermos a través del ordenador, poniendo en riesgo la salud de los internos con su falta absoluta de los más elementales conocimientos clínicos. Motivación in aliunde: Si constan informes en el expediente administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al mismo, la motivación mediante esta técnica satisface las exigencias de la motivación, pues permite el conocimiento por el receptor del acto de la justificación. Desestimación del recurso contencioso-administrativo.
